Nota en La Voz de docente de la carrera
Compartimos la nota que saliera en la edición impresa del diario La Voz del Interior a raíz del conflicto por los desbordes hídricos que afectaron a la empresa Taym.
Un mercado librado a la autorregulación
Por Jorge Foa Torres
Doctor en Ciencia Política. Docente.
Conviene interrogarnos acerca de la situación paradojal por la cual la distinción entre residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos da lugar a que las políticas del Estado se presenten sólo en los primeros, mientras que en los segundos, de mayor riesgo, se reducen a políticas pasivas.
La ley nacional 24.051 de desechos peligrosos se inscribió en un proceso de políticas públicas ambientales basado en cuatro aspectos.
En primer lugar, la primacía casi absoluta del sector privado para la gestión ambiental de los residuos peligrosos, en detrimento de la intervención activa estatal o del sector público.
Segundo, la prioridad dentro del sector privado al capital concentrado nacional y transnacional, en tanto actores supuestamente dotados de las condiciones suficientes para la transferencia de tecnologías y modos de producción “limpios”.
Tercero, el énfasis en la auto-regulación empresarial como camino para una gestión ambientalmente adecuada. Esto implica una virtual cesión del poder de Policía al sector privado a través de las denominadas “normas voluntarias” transnacionales, entre otros instrumentos.
Por último, todos estos aspectos tienden a delimitar el rol del Estado a una función meramente registral con escasas o nulas capacidades de control, fiscalización e intervención en el mercado de los residuos peligrosos, más allá de las específicas facultades vinculadas al registro de los operadores.
Esta lógica no sólo es incapaz de eliminar los peligros de contaminación, sino que, por el contrario, abre paso a nuevas situaciones de riesgo como consecuencia de la tendencia a liberar el mercado a la autorregulación.
Conviene interrogarnos acerca de la situación paradojal por la cual la distinción entre residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos da lugar a que las políticas del Estado se presenten sólo en los primeros, mientras que en los segundos, de mayor riesgo, se reducen a políticas pasivas.
Para buscar una respuesta a tal pregunta no debe perderse de vista la lógica neoliberal que estructura estos mercados.
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Por Jorge Foa Torres
Doctor en Ciencia Política. Docente.
Conviene interrogarnos acerca de la situación paradojal por la cual la distinción entre residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos da lugar a que las políticas del Estado se presenten sólo en los primeros, mientras que en los segundos, de mayor riesgo, se reducen a políticas pasivas.
La ley nacional 24.051 de desechos peligrosos se inscribió en un proceso de políticas públicas ambientales basado en cuatro aspectos.
En primer lugar, la primacía casi absoluta del sector privado para la gestión ambiental de los residuos peligrosos, en detrimento de la intervención activa estatal o del sector público.
Segundo, la prioridad dentro del sector privado al capital concentrado nacional y transnacional, en tanto actores supuestamente dotados de las condiciones suficientes para la transferencia de tecnologías y modos de producción “limpios”.
Tercero, el énfasis en la auto-regulación empresarial como camino para una gestión ambientalmente adecuada. Esto implica una virtual cesión del poder de Policía al sector privado a través de las denominadas “normas voluntarias” transnacionales, entre otros instrumentos.
Por último, todos estos aspectos tienden a delimitar el rol del Estado a una función meramente registral con escasas o nulas capacidades de control, fiscalización e intervención en el mercado de los residuos peligrosos, más allá de las específicas facultades vinculadas al registro de los operadores.
Esta lógica no sólo es incapaz de eliminar los peligros de contaminación, sino que, por el contrario, abre paso a nuevas situaciones de riesgo como consecuencia de la tendencia a liberar el mercado a la autorregulación.
Conviene interrogarnos acerca de la situación paradojal por la cual la distinción entre residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos da lugar a que las políticas del Estado se presenten sólo en los primeros, mientras que en los segundos, de mayor riesgo, se reducen a políticas pasivas.
Para buscar una respuesta a tal pregunta no debe perderse de vista la lógica neoliberal que estructura estos mercados.
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